“Los datos analizados muestran la tendencia histórica de inefectividad del Estado en la conservación del orden público y persecución del delito en la zona del conflicto”, José Miguel Aldunate, autor del informe.

Observatorio Judicial, en conjunto con la Multigremial de la Araucanía, lanzaron su informe final sobre violencia en la Macrozona Sur. En el estudio se refleja un aumento considerable en el número de ingresos de causas a los tribunales de justicia por hechos de violencia en la zona. Mientras que en 2018 ingresaron 84 causas, en 2020 este número alcanzó los 321 ingresos, lo cual equivale a un incremento de 282%. El 59,3% de estas causas corresponden a ataques incendiarios.

Tal como revelan los datos, ha habido un lento avance en la resolución de los casos, encontrándose aun   un 58,3% en tramitación. Del total de las causas restantes, un 24% fueron archivadas provisionalmente o bien finalizaron por decisión de no perseverar (40%), por sobreseimiento definitivo (6%) o por acuerdo reparatorio (2%). Así, sólo un 3% concluyó en la dictación de sentencia, equivalente a nueve sentencias condenatorias.

De las causas vigentes,  distinguiendo entre aquellas que cuentan con uno o más imputados formalizados de aquellas que no, es posible encontrar que apenas un 8,3% de las causas vigentes se encuentra formalizada, mientras que el 91,6% restante no cuenta con ningún imputado formalizado.

Para José Miguel Aldunate, Director de Estudios de Observatorio Judicial e investigador de esta serie de informes, “los datos analizados muestran la tendencia histórica de inefectividad del Estado en la conservación del orden público y persecución del delito en la zona del conflicto. Sin embargo, en 2021 hubo un cambio de tendencia marcada por la declaración del estado de excepción y la mayor coordinación entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y las policías. Los resultados judiciales de estos esfuerzos solo podrán evaluarse en propiedad a partir de este año, pero ya se observa un aumento considerable en el número de detenciones. Es de esperar que el gobierno entrante persevere en el camino iniciado en 2021 y no regrese al estado generalizado de inefectividad observado con anterioridad”, señaló.

Por su parte, Patricio Santibáñez, Presidente de la Multigremial de La Araucanía, afirmó que las cifras que entrega este reciente informe vienen a confirmar lo que la mayoría de la región ya sabe, “hay impunidad, hay falta de justicia, muchos dicen que no se puede hacer más de lo mismo, y efectivamente no se puede hacer más de lo mismo. Lo que reclama la región es un mínimo de eficacia de las instituciones policiales y judiciales, ya que este conflicto nunca se va a resolver si aquellos que cometen delitos graves tales como asesinatos, quemas de propiedades y de medios de trabajo, no pagan como debe pagarse en cualquier sociedad democrática. Los delitos deben ser sancionados y los responsables castigados; y eso es lo que nunca ha ocurrido  en La Araucanía”. 

Delitos con calificación terrorista

De las 93 causas ingresadas por delitos con calificación terrorista, apenas 4 cuentan con uno o más imputados formalizados, lo cual representa un 3,7% del total. Del análisis particular de cada causa, se puede apreciar que aquellas que se encuentran formalizas son las únicas que cuentan con uno o más imputados conocidos, mientras que en las causas restantes la acción penal se interpuso “contra quien resulte responsable”.