Si bien esta nota es de un caso en particular, esta recuerda que 'Toda Corporación privada, independientemente de su constitución, que reciba financiamiento público, debe dar cuenta de su uso'.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Bernardo Navarrete, junto al director general, David Ibaceta, expusieron en la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas para la Corporación Santiago 2023 (Juegos Panamericanos).

En la oportunidad, el titular del CPLT señaló que como consecuencia de una denuncia se inició una profunda fiscalización a la Corporación Santiago 2023 en materia de transparencia activa. En ella se detectaron principalmente 4 infracciones: la desactualización en las nóminas en el personal con Código del Trabajo, información incompleta en el personal a honorarios, falta de información en materia de transferencias a terceros y la no publicación de la ejecución del presupuesto 2023. En esa línea, a la corporación se le dieron 5 días para subsanar esas deficiencias, las cuales fueron corregidas.

Sobre esta materia el presidente del CPLT indicó que el trabajo del actual director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, ha sido relevante en la entrega de los antecedentes solicitados por el Consejo.

Navarrete recordó en la instancia que “toda institución privada, independientemente de su constitución, que reciba financiamiento público, debe dar cuenta de su uso. Además, insistió en la importancia de tramitar la llamada ley de transparencia 2.0 que se encuentra aún en el Congreso”.

En esa línea, además, manifestó su inquietud por la discusión legislativa que se está llevando a cabo por la Ley de Transparencia 2.0: “Aprovecho la oportunidad de manifestar mi más profunda preocupación por parte del articulado que se está discutiendo hoy día respecto al lobby que se establece entre autoridades, lo cual podría ser eliminado. Yo creo que es muy importante saber quién se reúne con quién y en qué tema y particularmente si son autoridad designadas dentro de cualquier gobierno independientemente del nivel de Gobierno, central, regional o local”. Esto último, en alusión a las indicaciones recientemente presentadas por el ejecutivo al proyecto de ley antes mencionado, entre las cuales, se suprime la obligación de registrar audiencia entre autoridades.