La exención de contribuciones para mayores de 65 años puede sonar justa en el plano individual. Pero en la Provincia de Arauco, donde el Fondo Común Municipal sostiene buena parte del funcionamiento local, esa medida amenaza con traducirse en algo menos abstracto: municipios con menos margen, presupuestos más estrechos y vecinos enfrentando una capacidad pública todavía más frágil.

El problema no está en el alivio, sino en quién absorbe el costo

La propuesta del gobierno busca eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda de las personas mayores de 65 años. El problema no está en la consigna, sino en la cuenta que deja detrás. De acuerdo con lo informado al presentarse el proyecto, la medida tendría un costo anual de US$200 millones, mientras la reposición anunciada al Fondo Común Municipal alcanzaría a US$130 millones. La compensación cubriría así solo 65% del costo total y dejaría 35% sin reponer: una brecha de US$70 millones al año.

En un sistema donde el Fondo Común Municipal constituye el principal mecanismo redistributivo entre municipalidades, ese faltante no es un detalle técnico. Es una presión estructural sobre los municipios con menor recaudación propia. El debate, por tanto, no puede agotarse en la simpatía inmediata del beneficio. Debe extenderse a la pregunta institucional de fondo: quién termina absorbiendo el costo cuando la compensación es parcial.

Arauco no es cualquier territorio

Esa pregunta cambia de escala cuando se mira la Provincia de Arauco. No se trata de un territorio con holgura fiscal, sino de una provincia marcada por rezago estructural, brechas persistentes de desarrollo y una alta dependencia de transferencias redistributivas para sostener su base municipal. Por eso, una merma sobre el Fondo Común Municipal no cae aquí sobre un excedente: cae sobre una estructura ya tensionada.

Los datos financieros comunales muestran con claridad ese patrón. En 2024, la provincia recibió en conjunto M$48.191.088 por concepto de Fondo Común Municipal transferido por Tesorería General de la República. Arauco recibió M$9.418.601; Cañete, M$9.593.302; Curanilahue, M$7.482.860; Lebu, M$6.933.308; Los Álamos, M$5.379.667; Tirúa, M$4.799.013; y Contulmo, M$4.584.337. No se trata de montos periféricos. Se trata de una de las bases materiales de funcionamiento del sistema municipal provincial.

En Arauco, el Fondo Común Municipal no es complemento: es sostén

La dependencia financiera refuerza esa lectura. Sobre ingresos propios, el Fondo Común Municipal representa 92,54% en Contulmo, 90,71% en Tirúa, 86,97% en Lebu, 86,09% en Cañete, 83,69% en Los Álamos, 78,43% en Curanilahue y 72,72% en Arauco. El promedio simple provincial llega a 84,45%, muy por encima del referente nacional de 63%.

La misma conclusión aparece cuando se observa la participación del fondo en el ingreso total descontadas las transferencias: 87,12% en Tirúa, 86,75% en Contulmo, 78,69% en Cañete, 77,30% en Lebu, 72,05% en Curanilahue, 71,27% en Los Álamos y 64,57% en Arauco. Dicho sin eufemismos: en buena parte de la provincia, el Fondo Común Municipal no financia un margen; financia una porción decisiva del funcionamiento ordinario.

Lo que está en juego no es una planilla: es la operación municipal

Conviene aquí ser precisos y no exagerar. El Fondo Común Municipal no cubre por sí solo todo el gasto municipal. Pero su magnitud es tan alta que, en varias comunas, se aproxima e incluso supera el costo de la estructura operativa básica.

En Contulmo, el fondo transferido por TGR fue de M$4.584.337, mientras la suma del gasto en personal y en bienes y servicios de consumo alcanzó M$4.266.762. En Tirúa, el Fondo Común Municipal llegó a M$4.799.013 frente a M$4.459.879 en esos mismos subtítulos. En Curanilahue, el fondo ascendió a M$7.482.860, por encima de los M$7.297.164 destinados a personal y bienes y servicios. En Lebu, el FCM alcanzó M$6.933.308, muy cerca de los M$7.150.734 comprometidos en esos rubros. La señal es inequívoca: en varias comunas de Arauco, el Fondo Común Municipal tiene una magnitud comparable a la caja de funcionamiento ordinario.

Y cuando ese dato se baja al plano cotidiano, el argumento se vuelve todavía más claro. En Lebu, el gasto en agua, electricidad y aseo sumó M$1.346.572. En Tirúa, agua, electricidad, aseo y alumbrado alcanzaron M$822.947. En Cañete, esos mismos rubros llegaron a M$2.019.731. En Contulmo, M$479.608. Frente a esas cifras, el Fondo Común Municipal aparece varias veces por encima. Por eso, cuando el presupuesto se estrecha en territorios así, el ajuste no recae sobre una abstracción doctrinaria. Puede recaer sobre la frecuencia del retiro de residuos, la mantención urbana, el alumbrado, la capacidad de respuesta local y la estabilidad de equipos municipales que sostienen servicios visibles para los vecinos.

Lo que para algunos es alivio, para la Provincia de Arauco puede ser retroceso

Ése es el punto político que la discusión nacional tiende a omitir. Una medida puede parecer justa desde la perspectiva del contribuyente individual y, al mismo tiempo, ser territorialmente regresiva. Si el beneficio se concentra en quienes dejan de pagar, pero el costo remanente se descarga sobre el principal fondo que sostiene a municipios rezagados y altamente dependientes, entonces ya no se está solo ante una rebaja tributaria. Se está ante una decisión que puede agravar desigualdades territoriales preexistentes.

En la Provincia de Arauco, eso significa algo muy concreto: municipios obligados a administrar con menos holgura en un territorio que ya vive con presupuestos estrechos. Y cuando eso ocurre, los vecinos no lo sienten como un debate técnico sobre diseño fiscal. Lo sienten en la calidad, oportunidad y estabilidad de la respuesta pública local.

El estándar que debiera exigirse

Si el gobierno quiere aliviar a personas mayores, tiene legitimidad política para intentarlo. Lo que no debiera hacer es financiar ese alivio debilitando, aunque sea parcialmente, el principal mecanismo redistributivo entre municipalidades. En la Provincia de Arauco, discutir contribuciones es discutir capacidad pública local. Y ahí el estándar debiera ser inequívoco: ninguna reforma tributaria que afecte al Fondo Común Municipal debiera avanzar sin compensación íntegra, trazabilidad fiscal completa y resguardo efectivo de la equidad territorial.

Porque en una provincia que vive del Fondo Común Municipal, la parte no repuesta no es solo una cifra. Es un riesgo concreto para sus vecinos.