Cada vez que la violencia estalla, volvemos a cometer el mismo error: miramos hacia afuera. Expertos internacionales, evidencia comparada, soluciones importadas. Y, sin embargo, lo esencial ya lo sabemos hace décadas: el antónimo de violencia es convivencia.

Lo hemos dicho por años, pero en Chile seguimos evitando esa verdad incómoda. Preferimos discutir entre dos extremos igualmente estériles: el buenismo y el autoritarismo. Ambos fracasan, porque ambos eluden lo central: la educación es, antes que nada, una experiencia profundamente humana.

La evidencia —nacional e internacional— es consistente: el factor que mejor explica el aprendizaje y la seguridad no es la infraestructura, ni los recursos, ni las sanciones. Es el clima. Es decir, cómo se relacionan las personas dentro de la comunidad educativa.

Y aun así, frente al miedo, optamos por lo contrario: revisar mochilas, instalar pórticos detectores de metales, aumentar sanciones. Medidas que sirven para tranquilizar a los adultos, no para proteger a los estudiantes. Son gestión de ansiedad, no política pública.

Cuando un estudiante decide agredir, amenazar o incluso matar, no lo hace en el vacío. Lo hace en un contexto donde nadie logró anticipar, contener o comprender. Faltan relaciones significativas. Falta vínculo.

Y aquí aparece una dimensión aún más profunda: vivimos en una sociedad tensionada, saturada de miedo, donde el estrés y la desconfianza erosionan la convivencia. Ese clima no se queda fuera de la escuela. Entra con los estudiantes todos los días. Es el reflejo de una sociedad que dejó de escucharse.

Y escuchar no es un gesto blando. Es una herramienta radical. Implica reconocer al otro, validar su experiencia y construir sentido compartido. Sin eso, no hay comunidad. Y sin comunidad, solo queda el conflicto.

Como advirtió Gabriela Mistral: “Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase”. La convivencia no es un contenido más; es el modo en que ocurre la educación.

Pero este cambio de mirada exige algo más profundo: un cambio de paradigma.

La educación no puede seguir reducida a la enseñanza de materias, con incentivos puestos casi exclusivamente en el rendimiento de pruebas estandarizadas. Ese enfoque deshumaniza la educación. Transforma a los estudiantes en puntajes, a los profesores en ejecutores de contenido y a las comunidades educativas en espacios de rendimiento, no de desarrollo humano.

Por eso insistir en más castigo es un error estratégico.

La evidencia muestra que las políticas centradas exclusivamente en sanciones no solo no resuelven el problema, sino que pueden agravarlo: aumentan la exclusión, profundizan la desconexión y elevan la probabilidad de reincidencia.

Es exactamente lo contrario de lo que se necesita.

Lo que funciona es más difícil, menos visible y políticamente menos rentable: construir comunidades educativas donde las personas sean vistas, escuchadas y valoradas. Donde exista alfabetización emocional. Donde el conflicto no se reprima, sino que se gestione.

La convivencia no se decreta. Se construye.

Y requiere algo que hoy escasea: tiempo, formación docente adecuada y, sobre todo, una decisión política de poner lo humano en el centro que implique el vínculo por sobre las materias.

Porque sin vínculo, la violencia es inevitable.