José Antonio Kast llegó a La Moneda con casi el 60% de los votos en segunda vuelta. Millones de chilenos le entregaron su confianza porque querían vivir con más orden y seguridad, acceder a mejores oportunidades y contar con un Estado capaz de responder eficazmente a los problemas que afectan su vida cotidiana. A cien días de gobierno parece que esa confianza ha sido traicionada.

No votaron por más burocracia ni por un Estado ineficiente. Pero tampoco votaron para quedar más solos frente a las desigualdades, los abusos y las incertidumbres del futuro. Mucho menos para que el Estado favoreciera a los privilegiados de siempre.

Han comenzado a aparecer señales preocupantes. No porque sea posible evaluar resultados en tan poco tiempo, sino porque ya es posible observar una dirección.

Y la dirección que muestran las primeras decisiones, las prioridades políticas y los discursos de sus principales autoridades revelan una determinada concepción del Estado.

Las declaraciones del ministro de Hacienda son especialmente reveladoras. Al señalar que hay que “hacer más con menos” y que “la mejor política social, y ojalá algún día la única, es el pleno empleo”, no expresa solo una opinión técnica. Expone una visión ideológica según la cual el crecimiento económico, eventualmente acompañado de creación de empleo, bastaría para resolver los principales problemas sociales del país.

Pero el empleo de calidad, siendo indispensable, nunca ha sido suficiente. Si así fuera, no existirían trabajadores pobres. No existirían familias que, aun teniendo empleo, enfrentan dificultades para acceder a vivienda, salud o educación de calidad. Tampoco existirían territorios abandonados ni comunidades excluidas de las oportunidades que genera el desarrollo.

El crecimiento económico genera riqueza. Pero no garantiza que ella llegue a quienes más la necesitan. Para eso existen las políticas públicas inspiradas en el bien común y, sobre todo, un Estado capaz de implementarlas.

La principal función del Estado no es reemplazar la iniciativa privada ni impedir la creación de riqueza. Su función es nivelar la cancha. Es impedir que las enormes diferencias de poder económico, político y social terminen debilitando aún más la dignidad y las oportunidades de millones de personas.

Sin embargo, cada vez que se intenta corregir esas desigualdades aparece el mismo argumento. No se pueden eliminar privilegios tributarios porque afecta el empleo. No se pueden fortalecer derechos laborales porque afecta el empleo. No se pueden exigir mayores contribuciones a quienes más tienen porque afecta el empleo. No se puede cuidar el medioambiente porque afecta el empleo.

El empleo termina transformándose en la justificación permanente para proteger privilegios.

Hay además una segunda señal preocupante.

En su Cuenta Pública, el Presidente repitió una y otra vez conceptos como esperanza, responsabilidad y honestidad. Valores importantes, sin duda.

Pero llamar a la esperanza no genera confianza por sí sola.

La confianza surge cuando las palabras coinciden con los hechos. No se construye repitiendo conceptos. Se construye con decisiones coherentes, equipos competentes y políticas capaces de producir resultados.

Gobernar no consiste en esperar que la realidad se adapte a las convicciones del gobernante. Gobernar consiste en transformar la realidad.

La pregunta que deja instalada esta Cuenta Pública no es si el gobierno cumplirá o no las promesas de campaña. Es demasiado pronto para responderla.

La pregunta es otra: si el Presidente comprendió realmente la naturaleza de la confianza que recibió y a la que debe responder responsablemente.

Porque los ciudadanos no le entregaron esa confianza para proteger privilegios de unos pocos. Le entregaron la responsabilidad de conducir el Estado para proteger su dignidad, ampliar sus oportunidades y equilibrar las desigualdades que limitan su libertad.

No hacerlo es traicionar la confianza que depositaron en él.