La discusión parlamentaria en torno al control de perros ferales o asilvestrados volvió a instalar una problemática que afecta a zonas rurales del país. Desde la academia llaman a abordar el fenómeno con una mirada integral, que combine protección de la biodiversidad, seguridad rural, bienestar animal, salud pública y tenencia responsable.

La discusión legislativa sobre el proyecto que busca establecer medidas de prevención y control frente a los riesgos asociados a perros salvajes o ferales volvió a poner en la agenda pública una problemática que desde hace años afecta a sectores rurales de Chile. Más allá del debate normativo, especialistas coinciden en que se trata de un fenómeno complejo, con impactos concretos sobre la producción agropecuaria, la conservación de la fauna nativa, la seguridad de las comunidades y el bienestar animal.

Los perros ferales o asilvestrados corresponden a animales que han perdido su vínculo directo con las personas y sobreviven en condiciones de vida silvestre, pudiendo formar jaurías capaces de atacar ganado, fauna silvestre e incluso generar riesgos sanitarios y de seguridad para las comunidades rurales. Sin embargo, los expertos advierten que resulta fundamental distinguir adecuadamente entre perros abandonados, perros de libre deambular, perros comunitarios y perros efectivamente asilvestrados, ya que cada situación requiere respuestas diferenciadas.

Para Cecilia Echeverría, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, la discusión debe abordarse desde una perspectiva técnica, responsable y basada en evidencia.

“Los perros asilvestrados constituyen un problema real en diversas zonas rurales del país. No solo generan pérdidas económicas importantes para pequeños y medianos productores ganaderos, sino que además representan una amenaza para especies de fauna nativa que forman parte de nuestros ecosistemas”, señala.

La académica explica que cuando se producen ataques a animales de producción, las consecuencias pueden ser especialmente graves para agricultores familiares y pequeños ganaderos, quienes muchas veces dependen directamente de sus animales para sostener su actividad productiva.

“Cuando una jauría ataca un rebaño, el daño no es solamente económico. Muchas veces afecta directamente la sustentabilidad de explotaciones familiares que dependen de esos animales para generar ingresos y mantener su trabajo en el territorio”, agrega.

Junto con el impacto productivo, la presencia de perros sin supervisión humana también representa un riesgo para la biodiversidad. Diversos antecedentes nacionales e internacionales han advertido que estos animales pueden afectar a especies silvestres mediante depredación, transmisión de enfermedades y alteración de hábitats naturales. Por ello, Echeverría sostiene que el debate no debe reducirse únicamente a las medidas de control contempladas en la discusión legislativa.

“La discusión no puede centrarse solo en si se autoriza o no una determinada medida de control. El desafío de fondo es construir una política pública integral que considere tenencia responsable, identificación de mascotas, esterilización, educación, fiscalización efectiva del abandono animal y criterios técnicos claros para actuar en casos de riesgo comprobado”, afirma.

La especialista enfatiza que el abandono de mascotas y la reproducción sin control siguen siendo factores determinantes en el aumento de perros sin supervisión humana, especialmente en sectores periurbanos y rurales. En ese contexto, advierte que cualquier normativa tendrá efectos limitados si no se abordan las causas estructurales del problema.

“Si no enfrentamos el abandono y la falta de control reproductivo, cualquier medida posterior será insuficiente. Se requiere una estrategia nacional coordinada, que involucre a municipios, servicios públicos, productores, médicos veterinarios, organizaciones de bienestar animal y comunidades locales”, sostiene.

Respecto del proyecto actualmente en discusión, la decana valora que el Congreso esté abordando una problemática largamente demandada por comunidades rurales y sectores productivos, aunque recalca la necesidad de incorporar resguardos adecuados.

“Es positivo que el Congreso esté discutiendo un tema que por años ha afectado a zonas rurales. Sin embargo, cualquier normativa debe considerar criterios técnicos, protocolos claros, mecanismos de fiscalización y resguardos que permitan diferenciar correctamente entre animales abandonados, perros de libre deambular y perros efectivamente ferales o asilvestrados”, concluye.

En momentos en que el país busca fortalecer la protección de la biodiversidad, la producción agropecuaria, la salud pública y el bienestar animal, especialistas coinciden en que la solución requerirá más que una modificación legal. El abordaje de este fenómeno demanda una política pública de largo plazo, basada en evidencia, prevención, educación, fiscalización y coordinación interinstitucional.

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