El Instituto Nacional de Estadísticas informó el 31 de julio que la desocupación en la Región del Biobío llegó a 10,4% en el trimestre abril-junio, 1,1 puntos más que hace un año.

Pero lo relevante está debajo de esa cifra. En doce meses la región prácticamente no creó empleo (la ocupación varió 0,1%) mientras que su fuerza de trabajo creció 1,3%. La brecha no es nueva ni transitoria, y se está ampliando: en diciembre-febrero fue de 0,6 puntos; hoy es de 1,2. Un desajuste que se ha profundizado.

Y lo poco que se creó, se creó mal. Los asalariados formales cayeron 4,5% y los empleadores 12,3%, mientras los trabajadores por cuenta propia aumentaron 10,8% y los asalariados informales 11,6%. La ocupación informal llegó a 28,3% y el empleo a tiempo parcial involuntario creció 48,3%. Más revelador todavía: el grupo de profesionales, científicos e intelectuales retrocedió 9,9%, y los ocupados de 15 a 34 años, 8,5%. La región no está absorbiendo precisamente a quienes forma.

Esto no es mala suerte: el sector que sostiene los ingresos externos de la región no es el que sostiene su empleo. Las ramas que producen lo exportable, agricultura, silvicultura y pesca, más toda la industria manufacturera, ocupan al 18,7% de los trabajadores del Biobío, y generan el 88,8% de sus exportaciones. Los servicios ocupan al 69%, equivalen a cerca del 40% del producto regional y a menos del 1% de lo que exportamos: seis millones de dólares en el primer semestre, sobre un total de 2.366 millones. Solo el comercio emplea en la región a más gente que toda la industria manufacturera.

Frente a esto, los instrumentos de corto plazo son necesarios y hay que aplicarlos ahora: subsidios al empleo, capacitación, atracción de inversiones, obras públicas. Sostienen ingresos y dan aire a las familias que hoy lo pasan mal; nadie podría proponer prescindir de ellos. Pero ninguno modifica la matriz productiva. Son un puente, y el Biobío lleva años construyendo puente sin haber decidido hacia qué orilla.

La otra orilla no hay que inventarla: ahí están el turismo, la gestión, los servicios técnicos, la ingeniería aplicada, todo lo que ya pesa en el producto regional y no aparece en la canasta exportadora. Profesionalizarlo no significa solo formar más capital humano avanzado, sino certificar, estandarizar y poner en inglés lo que ya sabemos hacer. Y nunca hubo mejor momento: la tecnología digital viene reduciendo el costo de traducir, documentar y coordinar a distancia, las barreras que históricamente limitaron la exportación de servicios desde regiones. Queda una sola barrera en pie, y es la única que siempre dependió de nosotros: la certificación. Es lo que permite que un comprador en otro lugar del mundo tenga a quién exigirle si algo sale mal, y ninguna tecnología puede asumir esa responsabilidad por nosotros.

Hay, además, una razón para no postergarlo. Mientras más barato resulta producir un informe, más vale quien responde por él. La misma tecnología que acelera el trabajo profesional falla a veces sin avisar, y esa falla siempre la termina pagando alguien. Por eso el estándar y la credencial dejan de ser un requisito administrativo y pasan a ser el producto. Para una región con nueve universidades acreditadas y que exporta seis millones de dólares en servicios, esto debiera ser una oportunidad histórica y una advertencia.

Nada de esto se resuelve con un plan de empleo más. Se resuelve con un acuerdo regional sobre qué queremos exportar en diez años, y con empezar a construirlo ahora. Los subsidios, la capacitación y la obra pública compran lo mismo: tiempo. Y el tiempo solo rinde si en él se decide algo. El Biobío lleva más de una década comprando tiempo sin decidir nada, y esa, no el 10,4%, es la cifra que debería preocuparnos.

AUTOR: Cristián Troncoso Valverde - Profesor Asociado Facultad de Economía y Negocios - unab