Los/as inspectores/as revisan el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias para la producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres, con el objeto de garantizar la genuinidad e inocuidad de estos productos y proteger la salud de las personas consumidoras.

Hasta Santa Juana se trasladó el Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Biobío, Roberto Ferrada, junto a profesionales del área de Protección Agrícola y Forestal para verificar el cumplimiento de la Ley de Alcoholes, ya que en las semanas previas a Fiestas Patrias aumenta la demanda y comercialización de bebidas alcohólicas, motivo por el cual se intensifican las fiscalizaciones a supermercados, botillerías, distribuidoras de alcoholes, elaboradores de bebidas alcohólicas, entre otros establecimientos.

“Estamos realizando fiscalizaciones en distintos puntos de la región con el fin de garantizar a la comunidad que los vinos, vinagres, cervezas y licores en general cumplen con la normativa, instancia en la que verificamos su potabilidad, genuinidad y que hayan sido elaborados de acuerdo a la normativa vigente, que estén registrados en el SAG y que cuenten con su respectiva etiqueta con la información correspondiente. En el caso de los productos importados, revisamos que el importador como el producto estén inscritos en nuestros registros”, indicó la autoridad del SAG.

Durante estas fiscalizaciones, los/as inspectores/as del SAG revisan el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias para la producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres.

Durante este año, a la fecha, el SAG Biobío ha cursado 14 infracciones por incumplimientos a la normativa vigente, mientras que el año 2025 se infraccionaron 42 establecimientos. Entre las principales causas detectadas se encuentran problemas de etiquetado, falta de comunicación de inicio de actividades, productos no inscritos en los registros del Servicio, entre otros.

Quienes infrinjan la normativa vigente se exponen a sanciones y multas que pueden ir desde 1 hasta 5.000 UTM, dependiendo de la gravedad de la infracción y de la reincidencia en los incumplimientos detectados.