La Contraloría Regional de Valparaíso acogió un recurso presentado por SONAPESCA, gremial que representa a los grandes grupos afines a la pesca industrial, y declaró ilegal la resolución de SUBPESCA que ordenaba incorporar a armadores artesanales de una o dos embarcaciones a las pesquerías de jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola.

El dictamen deja en suspenso el acceso al mar de miles de pescadores que esperaban operar bajo el nuevo fraccionamiento contemplado en la ley N° 21.752. El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) y la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal advierten que la acción fue promovida para mantener el control industrial sobre los recursos y señalan que estudian interponer acciones legales para revertir el dictamen.

El 10 de junio de 2026, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió el Oficio N° OF110267/2026, dirigido al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, declarando que la resolución exenta N° 2.563, de 2025, de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) "no se ajustó a derecho". Dicha resolución había ordenado al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) incorporar de oficio, en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), a armadores artesanales propietarios de una o dos embarcaciones -que cumplieran ciertos requisitos- a las pesquerías de jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola. La medida buscaba implementar la ley N° 21.752, que fija un nuevo fraccionamiento de cuotas de captura global en favor del sector artesanal.

El recurso fue presentado por don Felipe Sandoval Precht, en representación de SONAPESCA, federación gremial que agrupa a los principales grupos afines a la pesca industrial del país, en conjunto con representantes de algunas organizaciones artesanales afines a las mismas. La Contraloría acogió la presentación por un defecto procedimental: SUBPESCA no acreditó haber consultado al Consejo Zonal y al Comité de Manejo respectivo, exigencia contemplada en el artículo 48 A de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA). La entidad de control ordenó a SUBPESCA regularizar la situación en un plazo de 15 días hábiles, indicando que deberá considerar la potestad invalidatoria prevista en el artículo 53 de la ley N° 19.880.

La pesca artesanal en Chile involucra a más de 13.000 embarcaciones activos y genera cerca de 100.000 empleos directos e indirectos. Según los registros de SERNAPESCA, la resolución cuestionada beneficiaba a 4.949 armadores artesanales distribuidos en 296 caletas de ocho regiones: Tarapacá (211), Atacama (317), Coquimbo (569), Valparaíso (440), Maule (275), Biobío (1.489), Araucanía (88) y Los Lagos (1.560). Cientos de ellos invirtieron en la adquisición de embarcaciones con la expectativa de acceder a esos recursos bajo el nuevo régimen, esperando que el Estado implementara la ley a través de mecanismos como la resolución ahora cuestionada.

Hernán Cortés Bernal, presidente del Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero, CONDEPP, manifestó que "Los pescadores artesanales quieren acceder a los recursos del mar de forma transparente y dentro de la ley. No están pidiendo ningún privilegio: están ejerciendo un derecho que el propio Congreso les reconoció al aprobar el nuevo fraccionamiento. Lo que hizo SONAPESCA ante la Contraloría es lo mismo que ha hecho en el Congreso y en cada instancia donde puede: usar su poder y sus abogados para impedir que más familias puedan vivir dignamente del mar."

CONDEPP y la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal advierten que el efecto práctico del dictamen es detener el acceso de pequeños armadores artesanales a las pesquerías que la ley N° 21.752 les asignó. En CONDEPP señalan que estudian acciones para dejar sin efecto el dictamen y restituir el proceso de incorporación de dichos armadores al RPA.

Voceros de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal hicieron presente el impacto concreto de esta decisión en sus comunidades.

Por su parte, Pascual Aguilera, Presidente de CORANOR y vocero Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal declaró que "Acá en el norte los pescadores vieron con esperanza esta posibilidad de surgir y apostaron a que el Estado iba a cumplir. Y ahora llega SONAPESCA y les cierra la puerta con un papel de abogados. Eso no lo vamos a aceptar."

Asimismo, Sara Garrido, Presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal y vocera Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal "Es una verdadera canallada a la pesca artesanal de pequeña escala, embarcaciones pequeñas, muchas de ellas de menos de 10 metros, que han esperado por años ingresar al registro.

En nuestras caletas hay mujeres que trabajan en tierra, en procesamiento, en la venta, y que dependen directamente de que los armadores puedan salir a pescar. Cada vez que la industria bloquea el acceso a los recursos, son ellas las que primero sienten el golpe. Esto es un atropello a comunidades enteras. Nuevamente la Industria demuestra que quieren mantener el control del mar de todos y todas".

El dirigente Hernán Machuca, vocero Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal se sumó diciendo que "En el sur somos más de mil quinientas embarcaciones afectadas. No son estadísticas: son familias, son caletas, son pueblos que dependen del mar. Que SONAPESCA recurra a la Contraloría para frenarnos demuestra exactamente de qué lado están cuando se habla de redistribuir los recursos."

"La industria pesquera chilena no quiere competencia, ni siquiera de un pequeño armador con una lancha y una familia que depende de su trabajo. Cada vez que el Estado intenta hacer efectivo el nuevo fraccionamiento, SONAPESCA aparece con sus abogados a cerrar la puerta. " Finalizó declarando Hernán Cortés Bernal, presidente CONDEPP.

CONDEPP y la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal hacen un llamado al Subsecretario de Pesca y Acuicultura a subsanar el defecto procedimental identificado por la Contraloría —realizando las consultas al Consejo Zonal y al Comité de Manejo que la LGPA exige— y a no invalidar la resolución N° 2.563, protegiendo así:

• (1) el derecho de los armadores artesanales que ya invirtieron en embarcaciones a acceder a los recursos que el nuevo fraccionamiento les asigna;
• (2) la plena implementación de la ley N° 21.752, que el Congreso aprobó para corregir décadas de concentración de cuotas en favor de los grandes grupos industriales; y
• (3) el interés público en una pesca artesanal sustentable y con acceso igualitario a los recursos del mar.